La diputada por el Partido Acción Nacional (PAN) Leonor Romero Sevilla, dio a
conocer que para inhibir la falsedad en las declaraciones patrimoniales de
los funcionarios y que la autoridad tenga elementos que permitan corroborar su
veracidad, son necesarias reformas a los artículos 8 y 41 de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Indica que de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (SFP), alrededor
de 205 mil 320 servidores públicos están obligados a presentar su
declaración de modificación patrimonial. Aunque en el ámbito federal,
lamenta que actualmente la declaración patrimonial sólo sea un "acto de buena
fe", pues no hay mecanismos que ofrezca la ley a la SFP para investigar y
corroborar la veracidad de los bienes de los servidores públicos.

La declaración patrimonial de los servidores públicos, recordó, es la manifestación que se hace respecto de su patrimonio, con la finalidad de verificar su evolución y congruencia entre los ingresos y los egresos, al igual que llevar a cabo el registro y seguimiento de la evolución en la situación patrimonial de los servidores, contar con elementos de juicio sobre su razonable evolución y vigilar la actuación honesta y transparente de quienes desempeñan un encargo en la administración pública, explica Romero Sevilla.

Actualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la
responsabilidad de llevar, normar y dar seguimiento a las declaraciones
patrimoniales de servidores públicos de la Administración Pública Federal,
sin embargo, no existen mecanismos que ofrezca la ley para corroborar la
veracidad de sus dichos; por lo que la declaración patrimonial que hacen los
funcionarios públicos a nivel federal es más un acto de buena fe.

En ese sentido detalla que en contraste, a nivel local y estatal, la situación
es diferente, ya que si el servidor público no presenta su declaración de
situación patrimonial en los plazos señalados, se puede iniciar un
procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa.

La diputada enfatizó que, el propósito de su iniciativa para reformar los
artículos 8 y 41 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, es que los servidores públicos presenten la documentación
comprobatoria de su declaración, solamente en caso de que sean notificados y
requeridos por la Secretaría de la Función Pública, derivado de sus planes
anuales de auditoría.