La diputada por el Partido Acción Nacional (PAN) Leonor Romero Sevilla, dio a conocer que para inhibir la falsedad en las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y que la autoridad tenga elementos que permitan corroborar su veracidad, son necesarias reformas a los artículos 8 y 41 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Indica que de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (SFP), alrededor de 205 mil 320 servidores públicos están obligados a presentar su declaración de modificación patrimonial. Aunque en el ámbito federal, lamenta que actualmente la declaración patrimonial sólo sea un "acto de buena fe", pues no hay mecanismos que ofrezca la ley a la SFP para investigar y corroborar la veracidad de los bienes de los servidores públicos.

La declaración patrimonial de los servidores públicos, recordó, es la manifestación que se hace respecto de su patrimonio, con la finalidad de verificar su evolución y congruencia entre los ingresos y los egresos, al igual que llevar a cabo el registro y seguimiento de la evolución en la situación patrimonial de los servidores, contar con elementos de juicio sobre su razonable evolución y vigilar la actuación honesta y transparente de quienes desempeñan un encargo en la administración pública, explica Romero Sevilla.

Actualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la responsabilidad de llevar, normar y dar seguimiento a las declaraciones patrimoniales de servidores públicos de la Administración Pública Federal, sin embargo, no existen mecanismos que ofrezca la ley para corroborar la veracidad de sus dichos; por lo que la declaración patrimonial que hacen los funcionarios públicos a nivel federal es más un acto de buena fe.

En ese sentido detalla que en contraste, a nivel local y estatal, la situación es diferente, ya que si el servidor público no presenta su declaración de situación patrimonial en los plazos señalados, se puede iniciar un procedimiento de determinación de responsabilidad administrativa.

La diputada enfatizó que, el propósito de su iniciativa para reformar los artículos 8 y 41 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, es que los servidores públicos presenten la documentación comprobatoria de su declaración, solamente en caso de que sean notificados y requeridos por la Secretaría de la Función Pública, derivado de sus planes anuales de auditoría.